Ley contra el desperdicio alimentario

Cada año, se Producen alimentos suficientes para alimentar a miles de millones de personas; sin embargo, según estimaciones de la ONU, un alarmante 30% se queda sin comer. Este despilfarro suele deberse a procesos de producción ineficaces y a hábitos de consumo irresponsables en las distintas fases de la cadena alimentaria, desde los agricultores hasta los restaurantes y los hogares. En respuesta, se ha propuesto un nuevo proyecto de ley que pretende abordar este problema de frente con iniciativas tanto para los productores primarios como para los consumidores, destinadas a evitar que se siga desperdiciando para crear un futuro más sostenible.

El objetivo de la ley es garantizar que no se desperdicie ningún alimento. Para ello, se da prioridad a la redistribución y donación de alimentos excedentes para el consumo humano, así como a la construcción de acuerdos de colaboración con empresas, ONG y otras entidades. Cuando los artículos consumibles no se vendan a tiempo, se le dará un segundo uso, como la alimentación animal o la producción de biocombustibles; siempre velando por la sostenibilidad.

Estos son los pasos que deben dar los autónomos para cumplir con la ley

Todos los agentes de la cadena alimentaria tienen la obligación de aplicar la jerarquía de prioridades en cualquiera de sus eslabones y adoptar las medidas adecuadas para su aplicación, tal y como regula la nueva ley. Para que esto se lleve a cabo, los autónomos tendrán que cumplir con las siguientes obligaciones:

• Disponer de infraestructuras adecuadas y formación del personal para que los procesos de manipulación, almacenamiento y transporte se lleven a cabo en las condiciones óptimas.
• Disponer de sistemas que garanticen la cadena de frío y el uso de equipos de almacenamiento y transporte adecuados.
• Disponer de instalaciones adecuadas de manipulación.
• Disponer de un plan para la prevención que contemple la donación.
• Formar y sensibilizar al personal para que actúe de forma activa en la prevención y reducción del desperdicio alimentario.
• Medir e informar anualmente sobre la cuantificación de las pérdidas y el desperdicio alimentario.
• Donar o distribuir sus excedentes a empresas y organizaciones sin ánimo de lucro o bancos de alimentos, así como asegurarse de que los productos tienen suficiente vida útil de almacenamiento al donarlos.
• Hacer un uso racional de los recursos.
• Asegurarse de que los productos con la fecha de consumo preferente vencida se presenten separados y claramente diferenciados del resto de productos en el punto de venta final.
• Ofrecer al consumidor que puede llevar, sin coste adicional, los alimentos que no haya consumido e informar de esta posibilidad de forma clara y visible en el propio establecimiento. Se deberán emplear envases aptos para el uso alimentario, reutilizables y fácilmente reciclables.
• Incorporar criterios de compra sostenible y de calidad para reducir la huella ambiental.

Sanciones

Adaptarse a esta nueva normativa es imprescindible para evitar una sanción económica que puede llegar a ser muy importante.

Faltas leves: se considerará infracción leve en caso de que no se aplique la jerarquía de prioridades en el uso de los alimentos. También se incluye en este grado de gravedad el hecho de que las industrias, negocios de distribución al por menor, hostelería y restauración no lleven a cabo la donación de los productos no vendidos que sean aptos para el consumo humano. Las sanciones podrían llegar hasta los 2.000 euros.

Faltas graves: se establece como falta grave el hecho de no contar con el plan de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Las sanciones oscilarían entre 2.001 y 60.000 euros.

Faltas muy graves: se considerará sanción muy grave cuando se cometa una segunda falta grave en el plazo de dos años. En este caso, las sanciones partirían de los 60.001 euros y podrían alcanzar el medio millón de euros.

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